El Colegio de Abogados de Osorno, interpuso querella contra un abogado por los delitos de estafa y administración desleal. La demanda busca un castigo ejemplificador para el profesional acusado de vulnerar los principios fundamentales de probidad y ética profesional, al defraudar a uno de sus clientes, que se encontraba privado de libertad en la cárcel de Osorno. El abogado utilizó de manera indebida las herramientas administrativas que le otorga la ley para cometer este acto ilícito.
El hecho surge cuando el abogado, utilizando su posición de confianza como defensor, insta a su cliente encarcelado a firmar un mandato amplio para administrar y disponer de sus bienes. Con este documento y en colusión con un primo hermano vendieron una parcela, propiedad de su cliente, causándole un perjuicio económico evidente y aprovechándose de la vulnerabilidad de esta persona que solo quería recuperar su libertad.
En este sentido, el presidente del gremio y conductor del espacio radial “Hablemos Legalmente” de CLG Multimedios y abogado querellante de la causa, José Manuel Baquedano, sostuvo que se trata de una falta grave al Código de Ética Profesional, ya que se determinó que las intenciones de su colega, más que defender a un imputado que estaba en la cárcel privado de libertad, era distraer sus bienes en beneficio propio.
Este lunes debía llevarse a cabo la audiencia de formalización de la investigación en contra del abogado. Sin embargo, resultó frustrada porque este no se presentó pese a conocer la acusación en su contra. Ante esto, el Fiscal de Delitos Económicos de Osorno fijó una nueva audiencia para el próximo lunes 20 de mayo.
El presidente del Colegio de Abogados de Osorno, asumió el patrocinio de la querella y espera un castigo ejemplar que “desincentive” a los demás abogados del país a efectuar estas malas prácticas que, finalmente, desprestigian y enlodan la profesión, faltando a la ética, la honradez y alejándose de sus principios fundamentales como servidores de la justicia.
“La abogacía es una hermosa profesión, es un servicio público donde tenemos, los abogados, grandes responsabilidades por representar intereses de terceros y, ahí, tenemos que cumplirlos con un estricto apego a la probidad y a las normas del Código de Ética que nos rige”, sentenció Baquedano.